Las sociedades científicas piden Parlamento Abierto antes de aprobar nueva Ley de Ciencia
(01/09/20) Texto: Antimio Cruz . FOTO: UAM . La nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación será un ordenamiento muy importante para el futuro de México y por eso es fundamental que cuando se envíe al Congreso el texto de la iniciativa sea analizada mediante el formato de Parlamento Abierto, en el que puedan opinar las universidades y las sociedades científicas, señalaron en dos entrevistas para los lectores de Crónica, el presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, David Romero, y el presidente de la Sociedad Química de México, Ignacio González.
Los dos científicos mexicanos recordaron que la nueva Ley General debe ser aprobada este año porque así se ordenó en la reforma al Artículo 3 de la Constitución, realizada el año pasado, pero también señalaron que hay preocupación dentro de las sociedades científicas porque ha concluido el mes de agosto y todavía no se conoce el texto que dará cuerpo a la iniciativa de Ley.
Ignacio González Martínez, quien además de presidir la Sociedad Química de México es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa (UAM-I), dijo que el Parlamento Abierto es indispensable para que quienes vayan a aprobar la Ley escuchen la voz de todos los miembros del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación pues ya se han presentado dos intentos de establecer una Ley y una norma centralistas.
A su vez, David Romero Camarena, quien preside la Sociedad Mexicana de Bioquímica y es investigador titular en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (CCG-UNAM) señaló que una Ley centralista, que concentre toda la planeación en manos del gobierno y deje de lado a las universidades, academias y sociedades científicas, puede dañar mucho al país pues sólo apoyaría las prioridades de un grupo en el poder y quedarían excluidas otras áreas de conocimiento importantes, como ha ocurrido en estos dos años, que se ha dejado de lado la astronomía, a pesar de ser un área muy fecunda en México.
Cadena funcional
¿Por qué puede ser importante para un mexicano que no se dedica a la ciencia el que se apruebe una buena ley de ciencia?, se le pregunta a Ignacio González Martínez y él responde que los beneficios de la ciencia son tan claros y tan importantes para la humanidad que en la reforma constitucional del año pasado se estableció específicamente el derecho de todos los mexicanos a recibir los beneficios de la investigación.
“Lo que hace la ciencia es tratar de explicar cómo suceden muchos procesos que afectan nuestra vida: cómo crece el maíz, cómo se producen los ciclos de la lluvia, cómo se produce más electricidad o cómo se mejora la extracción del petróleo. Al tener personas especializadas estudiando estos temas en laboratorio y después mostrando cómo se pueden abordar de manera más eficiente la sociedad puede resolver muchos problemas en campos tan críticos como la alimentación, el combate a la contaminación y la mejora de muchos procesos de producción”, dice el actual presidente de la Sociedad Química de México, fundada en 1956.
“Para que esa nueva Ley General realmente garantice el acceso de los ciudadanos a los beneficios de la ciencia, nosotros estamos proponiendo que se incluya un articulado que permita posicionar a las sociedades científicas como órgano de consulta de los poderes Ejecutivo y Legislativo pues pensamos que una Ley centralista es peligrosa pues puede dejar a muchos sectores sin colaboración y la naturaleza de la ciencia requiere de la diversidad, del cuestionamiento y de diferentes puntos de vista para avanzar. Para garantizar que sea una Ley incluyente estamos pidiendo que se analice en Parlamento Abierto”, añadió el doctor González antes de aclarar que las sociedades son asociaciones civiles y se les ha criticado injustamente de lucrar con recursos públicos cuando la mayor parte de sus actividades son para despertar vocaciones entre niños y jóvenes, como los congresos y olimpiadas científicas.
Antecedentes preocupantes
David Romero dijo que desde el año pasado ha crecido la preocupación entre diferentes asociaciones de científicos de que se intente imponer una nueva Ley General, sin una verdadera discusión sobre el texto que se va a entregar a los legisladores. La preocupación está fundamentada en dos hechos: una primera iniciativa de Ley que impulsó una senadora de la fracción mayoritaria, en febrero de 2019, con componentes centralistas y sin consultar a la comunidad científica —la cual no fue aprobada—. Un años después se presentó una iniciativa promovida desde el Poder Ejecutivo para desaparecer los fideicomisos con los que operan muchos proyectos de investigación para concentrarlos en uno o dos grandes fideicomisos —lo cual tampoco ha prosperado hasta la fecha—.
“La Sociedad Mexicana de Bioquímica y otras sociedades científicas vimos con alarma estos esfuerzos en los que no se tomó en cuenta a la comunidad de investigadores. Aquí es muy importante señalar que no estamos buscando prebendas sino el derecho de opinar y participar en una Ley que es importante para garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir los beneficios de la ciencia y si no se hace bien va a quedar coja”, dijo el presidente de la Sociedad fundada en 1957.
“La participación de las sociedades, en lo que respecta a recursos económicos, debe seguir siendo a través de concursos transparentes y basados en proyectos científicos. En lo que respecta a su capacidad para opinar, debe estar reconocida en la nueva Ley porque sólo la diversidad de conocimientos y la fortaleza de las especialidades puede beneficiar realmente al país. Sin un sistema participativo el grupo que dirija cada periodo puede ignorar áreas completas de desarrollo científico, como ha ocurrido actualmente con los PRONACES que han dejado fuera la astronomía, que es un área muy fecunda en México. Quizá no ven su aplicación pero todos los sistemas GPS o de geoposicionamiento se han beneficiado del conocimiento generado por esa área”, agregó.
Los dos presidente de sociedades científicas dijeron que un Parlamento Abierto requiere la presencia de los coordinadores de las distintas fracciones y que voten razonadamente y no por consigna la futura Ley General.